La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha propuesto al Gobierno un «gran pacto» con los promotores públicos y privados, el sector de la construcción y el financiero, con el fin de «edificar o renovar lo antes posible un parque diversificado» de vivienda pública tanto en venta como en alquiler.

En el marco del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda que prepara el Ejecutivo, los promotores apuestan por «recuperar las políticas de fomento de la promoción de vivienda de protección oficial» con planes estatales cuya periodicidad no se ciña al «escaso margen de tan solo cuatro años», ha explicado su secretario general, Daniel Cuervo.

Tras defender la figura de la vivienda de protección oficial como «mecanismo que ha dado respuesta en sus diversas tipologías (venta, alquiler y otras) y fórmulas (régimen especial, general o concertado) a la provisión de una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía», la APCE pide que se establezcan módulos para que puedan ser viables las promociones y que se determinen los ingresos máximos de los adquirientes o de los arrendatarios.

Propietarios o grandes tenedores

En el paquete de propuestas que han trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para que sean contempladas en la ley de vivienda, los promotores también le piden que evite las «medidas coercitivas», así como la distinción entre propietarios y grandes tenedores.

Según la definición del real decreto de medidas urgentes del pasado 31 de marzo, los grandes tenedores son aquellos titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, lo que para la APCE «implica contrariedad, arbitrariedad, injusticia y discriminación entre propietarios».

Favorables a la elaboración de esta ley en la medida en que creen que el Estado necesita una política de vivienda nacional, común a todas las comunidades autónomas, y que propicie la colaboración público-privada, los promotores abogan por recuperar el peso presupuestario en materia de vivienda.

Creen que la «función social» de la vivienda que el Gobierno pretende blindar en la ley «debería responder a situaciones objetivas y limitadas como resultado de una vivienda deshabitada, con sus excepciones, sobreocupada, de conservación y rehabilitación, y de uso habitual en el caso de las viviendas de protección oficial y las ayudas a la rehabilitación».

En cuanto a la contención de rentas, opinan que debería basarse en estímulos fiscales a los arrendadores que voluntariamente establezcan alquileres residenciales por debajo del precio de referencia.

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Las aportaciones de los promotores también hablan de simplificación y agilización de los requerimientos administrativos y de recuperar programas que permitan el pago inicial de la adquisición de una vivienda o del pago del alquiler a los colectivos vulnerables y los pendientes de emanciparse.

Con ello aluden al llamado «plan Botín» que propuso el pasado mayo la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín, y que permitiría a las entidades financieras conceder hipotecas a los jóvenes por el 95 % del precio de la vivienda, con una garantía del ICO del 20 %.