• El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé llevar al Congreso un primer bloque de reforma de las pensiones en el primer trimestre

  • La revalorización de las prestaciones, la jubilación anticipada y la demorada están en la primera fase de los cambios

  • El titular de Seguridad Social rechaza haber planteado aún elevar de 25 a 35 años el periodo para calcular la pensión

  • El Ministerio planea aprobar «pronto» una tasa para penalizar los despidos de fin de semana y de vacaciones

  • La prórroga de los ertes hasta mayo costará unos 5.500 millones de euros

  • El Gobierno extenderá a los padres el complemento de pensión por cese de actividad para cuidado de bebés

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, recibe a EL PERIÓDICO el viernes, el día después de la reunión negociadora con los agentes sociales en la que aún no fue posible cerrar un acuerdo para la prórroga de los ertes hasta finales del mes de mayo. En la charla, adelanta que la reforma del sistema de pensiones se negociará y tramitará en dos bloques, a lo largo del 2021. Uno de sus objetivos es que el nuevo sistema de revalorización de las pensiones tenga en cuenta los años en los que el IPC sea negativo o quede por debajo de la subida de las prestaciones, para que esto module a la baja la subida de años posteriores.

Sobre el ingreso mínimo vital, confía en su aplicación plena en el 2021 y en llegar a las 800.000 familias previstas. Y para acabar con la excesiva rotación del empleo, planea una tasa penalizadora de los despidos de fin de semana. Muchas de estas cuestiones serán esbozadas con mayor o menor detalle en el Plan de Recuperación que el Gobierno prevé ahora remitir a Bruselas «a finales de febrero o principios de marzo», con algo de retraso sobre los planes iniciales por las últimas demoras en las instituciones europeas.

¿Por qué no tenemos aún un acuerdo para la prórroga de los ertes?

La verdad es que el acuerdo está prácticamente ultimado. No hay elementos significativos pendientes de negociación, más allá de algunos detalles técnicos. La razón fundamental es que las organizaciones empresariales tienen una gobernanza interna de aprobación de los acuerdos que requiere tiene ciertas reuniones de sus juntas directivas y las han fijado para este martes.

¿Existen discrepancias con la patronal sobre la cláusula de que prohíbe los despidos hasta seis meses después de haber recibido ayudas por erte?

No nos han planteado que se levante la cláusula de salvaguarda del empleo en la mesa negociadora. Se han planteado algunos ajustes técnicos interpretativos de algunos elementos, que se están viendo; pero el principio general no se está cuestionando.

¿Confía en que habrá un acuerdo pleno?

Sí, absolutamente. 

¿Cuánto podría costar la prórroga de los ertes en las actuales circunstancias hasta el 31 de mayo? 

En este momento tenemos unos 750.000 trabajadores en erte, pero con exoneraciones a la Seguridad Social son unos 400.000 aproximadamente. Con la extensión hasta el 31 de mayo estaríamos hablando de un coste de unos 5.500 millones este año, sumando las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y las prestaciones del SEPE.

¿Cuál es el calendario que maneja para poner en marcha la reforma de las pensiones?

Tras haber recibido el acuerdo del Pacto de Toledo aprobado por el Parlamento, se han introducido algunos elementos (separación de 14.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social y compromiso de crear en un año un fondo pensiones de promoción pública) en la ley de presupuestos de 2021. El resto de las recomendaciones pensamos abordarlas en dos bloques.

¿Cuál será ese primer bloque?

Ya lo estamos discutiendo con los agentes sociales y espero poder llegar a un acuerdo en pocas semanas. Incorpora elementos centrales como la fórmula de mantenimiento de forma permanente del poder adquisitivo de las pensiones, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada, destinados a impulsar el proceso de acercamiento de la edad efectiva a la edad legal de jubilación. Espero que se puedan acordar en unas semanas con los agentes sociales. Esperamos enviar al Parlamento este primer bloque de reformas de la Ley General de Seguridad Social en el primer trimestre.

¿Y el segundo bloque?

Antes de proponer el segundo bloque de reformas, aún tenemos que hacer números y cálculos, que pondremos a disposición de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitación parlamentaria para que esté en vigor en enero del 2022. Nuestra aspiración es que tengamos en el 2021 dos fases para la tramitación parlamentaria y acuerdo con los agentes sociales de los elementos que se derivan de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero antes que eso, nos urge resolver dos cuestiones pendientes.

¿A qué dos cuestiones urgentes se refiere?

A la cláusula de salvaguarda, que nos han pedido los sindicatos, para garantizar que las personas en paro desde antes de la reforma que alargó la edad de jubilación puedan seguir jubilándose a los 65 años en los términos que se acordaron con los interlocutores sociales en 2011. También, a la reforma del complemento de maternidad, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Queremos adaptar la medida para que sea jurídicamente irreprochable sin perder su esencia, que es compensar en las pensiones las lagunas de cotización que tienen las mujeres tras tener un hijo, sobre todo el primero, y este complemento también se extenderá a los hombres que puedan estar en esa situación. Estamos hablando con los agentes sociales y lo aprobaremos lo antes posible, a finales de enero o principios de febrero.

El Pacto de Toledo acordó garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Se tendrán en cuenta los ejercicios en que que haya habido IPC negativo?

No puedo entrar en mucho detalle. Estamos hablándolo con los agentes sociales. Son fórmulas que entienden el mantenimiento del poder adquisitivo a lo largo del tiempo y no en un momento concreto. Si hay años en los que, bien se produce una caída del IPC y por tanto una ganancia de poder adquisitivo, o bien hay años en los cuales la inflación termina por debajo de la inflación esperada que ha fijado la pensión para ese año, habrá un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible.

¿Se podrá reducir la pensión si el IPC es negativo?

Reducir la pensión, no. Precisamente el entender el mantenimiento del poder adquisitivo en el tiempo permite evitar reducciones nominales de las pensiones en años con IPC negativo, incorporando regularizaciones posteriores para que el objetivo de mantenimiento del poder adquisitivo se respete a lo largo del tiempo.

¿Han sondeado ya las posibilidades de consenso sobre este criterio?

Sí, esto tiene sentido y no está resultando controvertido.

¿Considera conveniente alargar de 25 a 35 años el periodo de cotización que sirve de base para calcular la cuantía de cada pensión?

Esto es un tema que todavía no hemos llevado a la discusión con los agentes sociales. Formaría parte de la segunda etapa. No estamos todavía en este tipo de ejercicio, que siempre hay que encuadrar en las recomendaciones del Pacto de Toledo, para combinar distintos elementos. Por una parte hay una recomendación de aumentar la contributividad del sistema, pero también nos pide que tengamos en cuenta nuevas modalidades de carreras laborales, menos estables en el caso de jóvenes y de personas que tienen jubilaciones anticipadas, lagunas en el caso de mujeres … .. y la reforma que aspire a incorporar estas recomendaciones debe abordar todos esos elementos en su conjunto. Es un tema complejo por la diversidad de situaciones y todavía no tenemos cálculos suficientes para saber qué efectos tendría.

¿Si llegara el caso, los trabajadores tendrían opción de elegir los mejores años, como ha apuntado la vicepresidenta Nadia Calviño?

En estas cuestiones estamos trabajando a nivel técnico en mi Ministerio, como nos pidió el Pacto de Toledo. A medida que vayamos teniendo avances lo pondremos a disposición de los agentes sociales.

La Airef estimó que elevar de 25 a 35 años produciría un ahorro de 0,6 puntos de PIB al año.

Esos cálculos se hicieron con datos algo más atrasados y una muestra limitada de encuesta continua de vidas laborales. En la Seguridad Social tenemos ahora más datos y hemos de hacer los cálculos.

¿Esa medida reduciría la relación entre pensión y salario, tal como estimó la Airef?

Depende de cómo se complemente con otros elementos. Puede haber personas que tengan sus peores años al final de su carrera laboral… Pensemos en un gran número de personas con largas y elevadas carreras de cotización que, durante la crisis de la década pasada, quedaron el desempleo con más de 45 años y que no han podido remontar sus cotizaciones.

Unidas Podemos se ha mostrado en contra de la posibilidad de alargar a 35 años el periodo de cómputo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ha calificado de «recorte».

Yo sé lo que he planteado al Gobierno en los órganos colectivos y lo que se ha discutido. Sobre otras cosas que no se han presentado yo no puedo pronunciarme.

¿No ha planteado usted en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos alargar de 25 a 35 años el periodo de cómputo?

No. Y no es la primera vez que hay realidades distintas mediáticas de las internas en el funcionamiento del Gobierno.

¿Cómo prevé desincentivar la jubilación anticipada voluntaria? ¿Con mayores coeficientes penalizadores?

No puedo entrar en detalle. Los agentes sociales tienen una propuesta concreta. La jubilación anticipada tiene en estos momentos unos coeficientes desincentivadores que están mal diseñados, que son regresivos. Prácticamente se sitúan en el 2% de pérdida de pensión para aquellas pensiones con rentas más altas y llegan al 8% en el caso de personas con pensiones más bajas. El sistema que estamos planteando a los agentes sociales pretende corregir esos elementos. Además queremos fomentar la jubilación demorada y prohibir la jubilación forzosa en los convenios.

¿Deben estar preocupados por ese nuevo marco los trabajadores que en estos meses estén pendientes de procesos de prejubilación?

La posibilidad de jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el sistema de incentivos, que es muy regresivo y muy poco desincentivador para pensiones particularmente altas. Aún debemos acordarlo con los agentes sociales y tramitarlo en el Parlamento. Además, los elementos transitorios aún no están precisados.

¿Qué tipo de premios planea para estimular la jubilación demorada?

El objetivo es que si una persona decide prorrogar su vida laboral más allá de la edad legal tenga después algo más de pensión cuando se jubile. Eso puede materializarse en forma de algún porcentaje adicional durante toda su vida como pensionista o como un pago único en un momento determinado. Cada uno podrá expresar su preferencia.

¿Con esos premios se podría superar la pensión máxima, en contra de lo que sucede ahora?

Lo estamos discutiendo. Se pretende que se pueda superar, ahora es posible pero de forma muy limitada.

¿Se va a eliminar el factor de sostenibilidad previsto en la reforma del 2013?

Sí.

¿No va a haber ningún mecanismo para ajustar la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida?

Puede haberlo, quizá no circunscrito a la esperanza de vida, sino al otro factor de envejecimiento: la jubilación de la generación del baby boom. Esto es uno de los temas que hemos de discutir más adelante, dentro de ese segundo bloque. Pero en ningún caso trasladará la carga del ajuste de forma automática sobre los nuevos pensionistas, con poca capacidad de adaptarse, que es lo que implica el modelo del 2013 [que no ha llegado a entrar en vigor], que vamos a derogar. Estamos pensando en otro tipo de mecanismos. Además, cualquier cambio debe hacerse con la suficiente anticipación para que las personas tengan capacidad de saber cuál será su pensión sin sorpresas. También hay que tener en cuenta elementos de solidaridad intergeneracional y ver qué es lo que ha pasado en el mercado laboral en los últimos 20 ó 30 años. Este es un tema sobre el que aún estamos en proceso de reflexión.

¿En qué nivel de gasto sobre PIB sería razonable encontrarnos en el 2050 como consecuencia de todas esta medidas?

Lo razonable es un nivel de gasto al menos como el actual [12% del PIB] y posiblemente un poco más alto, dado que estamos por debajo de muchos países de nuestro entorno, especialmente teniendo en cuenta que el aumento tendrá una duración transitoria, asociada a la jubilación de los baby-boomers…

¿Cómo prevé cumplir su objetivo de penalizar la rotación de contratos que vencen y se reactivan de forma sistemática antes y después de fines de semana o de vacaciones?

Estamos pensando en una tasa que penalice los despidos de fin de semana. Estamos viendo distintas formas de establecer una tasa para que los mecanismos de bajas de contratos en la Seguridad Social tengan un coste, una tasa, como tiene la provisión de algunos servicios públicos, como renovar el DNI. 

¿Para penalizar los despidos de fin de semana?

Sí. Estamos viendo cómo se concreta, pero dar de baja un contrato también debería tener un precio pues tiene coste administrativo, sobre todo, en determinadas prácticas de altísima frecuencia de altas y bajas de contratos que a veces tienen un comportamiento espurio.

Eso también sucede en el sector público, en la educación y la sanidad, sobre todo…

Sí, sí… yo no prejuzgo dónde ocurre esto. Lo que queremos generar es incentivos para que esto no ocurra. 

¿Cuándo abordarán esta tasa?

Pronto. Claramente, este año. Todavía no lo hemos presentado a los agentes sociales.

¿Mantendrán en el futuro un sistema de ertes con apoyo público?

En el Plan de Recuperación y Resiliencia hemos incorporado el propósito de convertir el sistema de ertes en un modelo permanente de flexibilidad interna, que facilite que en situaciones de caída transitoria de demanda las empresas no despidan, sino que haya un acuerdo entre trabajadores y empresarios, con una ayuda por parte del Estado, en forma de exoneraciones a la Seguridad Social, por ejemplo, para preservar el empleo. El primer reto es que ese periodo se utilice para la formación y capacitación de los trabajadores; segundo, que esto no solo se aplique a grandes empresas, sino que exista un modelo para pymes y para el sector servicios. Hay que ver también cómo se incardina en la negociación colectiva. Y tercero, los mecanismos de financiación del sistema.

¿Será una reforma inmediata?

Es un compromiso del Gobierno que esto forme parte del nuevo marco laboral. También hay que ver la posibilidad de que existan ertes de carácter estructural, pensados para reconversiones donde los trabajadores ni siquiera vayan a quedarse en la empresa en la que están, sino que que la empresa facilite la formación para su salto a otras actividades productivas. Y un mecanismo de estas características debería establecerse también para los trabajadores autónomos, en la línea de las prestaciones extraordinarias que hemos puesto en marcha para hacer frente a la crisis del coronavirus.

El ingreso mínimo vital apenas ha llegado 160.000 familias en el 2020. ¿Su objetivo de llegar a 800.000 hogares será posible este 2021?

Yo creo que sí. Vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Tenemos el presupuesto y estamos trabajando con el tercer sector, autonomías y ayuntamientos para intentar llegar a esos niveles. Tenemos que aspirar que este año sea ya de plenitud. 

¿Prevé que algunas comunidades asuman la gestión del ingreso mínimo vital?

Sí, en la medida en que estén preparadas. País Vasco y Navarra, por su singularidad foral y la larga experiencia en la gestión de sus rentas mínimas, sería lógico que fueran las primeras, tal y como se recoge en la norma. Aun así, el Gobierno contempla la posibilidad de la gestión para el resto de comunidades, siempre siguiendo criterios de eficacia.

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¿Y Catalunya?

Ha sido una de las comunidades que ha mostrado mayor interés. Estamos hablando con los equipos técnicos y claramente es candidata a ser la siguiente. También otras comunidades interesadas. Nosotros no tenemos interés en retener la gestión del Ingreso Mínimo, sino que estamos dispuestos a traspasarla cuando las comunidades estén preparadas, hayan adquirido unos estándares de eficacia y sean capaces de prestar un buen servicio, por ejemplo, a través de la ventanilla única, donde se pueda solicitar el Ingreso Mínimo y otras ayudas.