El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de varias medidas de contenido social aprobadas durante la pandemia del covid-19 para ayudar a las personas más vulnerables, como la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos. Se trata de varias medidas que figuraban en el denominado ‘escudo social’ puesto en marcha por el Ejecutivo durante la fase más aguda de la pandemia para aliviar el impacto económico en la población más vulnerable y cuya vigencia finalizaba un mes des del estado de alarma.

«Se trata de dar cobertura a los ciudadanos que más sufren por razones económicas los efectos del covid-19», ha comentado Pablo iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, al comentar las medidas tras el Consejo de Ministros. «Hemos construido un escudo social sin precedentes en este país. Y hay que seguir protegiendo a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás», ha comentado.

Hasta el momento más de 200.000 personas se han beneficiado de esta medida impulsada por el Ejecutivo, que evita tener que pagar el grueso de la cuota hipotecaria durante al menos tres meses. Esto supone el 83% de las solicitudes de esta moratoria hipotecaria, diseñada tanto para primera vivienda como para los locales en los que trabajan los autónomos, y a la que se pueden acoger quienes han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (erte) o han visto caer de forma significativa sus ingresos.

Con la prórroga aprobada esta medida se podrá solicitar ahora hasta el 29 de septiembre y lo mismo sucede con la moratoria para créditos al consumo, otra iniciativa impulsada por el Ejecutivo para que los más afectados por la crisis vean aliviada su carga financiera.

Los bancos han concedido más de 364.000 solicitudes de moratorias de consumo siguiendo los criterios fijados por el Gobierno, el 85 % de las presentadas por sus clientes, que igualmente ahora tendrán hasta finales de septiembre para pedir tres meses de alivio.

Alquileres asequibles

El Gobierno ha aprobado también regular una series de especialidades del derecho de superficie o concesión demanial (afectados para el uso y servicio público) destinada en exclusiva a la promoción de vivienda de alquiler asequible, tal como adelantó EL PERIÓDICO.

Esa medida que se incluye en un real decreto implica, según ha explicado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la eliminación del canon en la cesión de suelo público, de hasta 75 años, para que los promotores privados puedan llevar a cabo vivienda de alquiler asequible, lago que no se podía realizar con la actual normativa.

Medidas para el transporte

en ese mismo decreto-ley se incluye una serie de medidas para el transporte por un importe total de 1.770 millones de euros, en el que se incluye la ampliación de la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones de euros para compensar la caída de demanda, además de destinar 110 millones a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).

El ministro de Transportes ha explicado que hasta ahora el Ejecutivo ha tratado de atender las necesidades de liquidez del sector, bien a través de créditos ICO o a través de beneficios tributarios de Seguridad Social, pero ahora ve la luz un nuevo decreto «denso» que atiende a cuestiones que «se escapaban de lo ya regulado».

El importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte, que incluyen la reducción de tasas aeroportuarias por valor de 60 millones adicionales, asciende a 663 millones de euros. A su vez, se incluyen 110 millones de euros de aportación extraordinaria a Seittsa para que pueda atender sus compromisos de obras públicas en el medio plazo. Esta sociedad estatal, como medio propio de la Administración, gestiona una serie de obras ferroviarias y de carreteras, y ante la prórroga de los Presupuestos de 2018 era «más que necesario» la culminación de las mismas, ha apuntado el ministro. Este crédito es distinto de la gestión de las autopistas radiales.

Transporte por carretera

En cuanto al transporte por carretera, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, ‘leasing’ y ‘renting’ de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.