En mayo de 2015, la Comisión Europea propuso un sistema de reparto obligatorio por cuotas para decenas de miles de demandantes de asilo llegados a las costas de Italia, Grecia y Malta. La reacción de muchas capitales fue hostil, por motivos políticos, culturales o económicos. Algunas, como Madrid, querían que cambiaran las fórmulas de cálculo. Otras, como Budapest o Varsovia, se negaban de lleno a acoger musulmanes contra su voluntad. La pelea fue grande y al final el Consejo (esto es, los propios gobiernos nacionales) acabaron aprobando la propuesta por mayoría cualificada, y no unanimidad. Después del verano, incluso, aumentaron las cuotas, porque con el buen tiempo las llegadas de quienes huían de Siria se multiplicaron. El sistema, sin embargo, ha sido un fracaso.

En los últimos cinco años, hay países que han acogido a cientos de miles de personas, y otros, como Hungría, Polonia o República Checa que a ninguno o como mucho, un par de decenas. A pesar de la presión de Bruselas e incluso de sentencias firmes del Tribunal de Justicia de la UE, que se tuvo que implicar tras la negativa de las capitales a seguir las normas. No sólo es eso. La UE, en este tema, está completamente rota. No ha habido acuerdos, hay tensiones, falta de confianza, rencores.

Se han formado tres bloques. Los afectados directamente por las llegadas por mar, como Grecia e Italia, pero también por tierra, como España. El segundo bloque es el de quienes reciben, en segundo término, las llegadas. Los demandantes de asilo entraban por Grecia, pero no querían quedarse allí. Buscaban ir a Alemania, por ejemplo, y empezaron gigantescas rutas a pie que atravesaban los Balcanes o Hungría. Lo que llevó a escenas terribles de maltrato, campos improvisados y al cierre de fronteras entre muchos vecinos. El tercer bloque de países está formado por quienes no dan el brazo a torcer, ni contribuyen ni tienen intención de hacerlo.

La Comisión Europea, resignada, ha hecho hoy una esperadísima propuesta para intentar desbloquear un tema que está infectado y supurando. Y lo ha hecho, para enorme decepción y malestar de Madrid, Roma o Atenas, resignándose a que haya una ‘solidaridad a la carta’. Ya no hay cuotas obligatorias, no hay solidaridad de verdad, en la que todos los Estados Miembros asumen su parte. Habrá unas «contribuciones flexibles» y voluntarias, en su lugar. Y sólo en casos de máxima gravedad, crisis o cuando se produzcan flujos muy altos por causas concretas, se activaría una cláusula de reserva por la que, en teoría, Bruselas podría forzar algo. Una opción que diplomáticos y funcionarios miran con enorme escepticismo, viendo los precedentes.

Fracaso de Europa

La propuesta es más que tibia y es, en realidad, un fracaso. La Comisión ha constatado en el último lustro que la opción obligatoria no iba a funcionar de ninguna manera. Así que se conforma con un peldaño menos. Sabe que no es suficiente, que no es justo y que supone de facto que no haya solidaridad de verdad, pero no queda otra. Es algo a medio camino o seguir como hasta ahora, con la realidad por un lado y las palabras por otro.

«Hoy proponemos una solución europea para restablecer la confianza entre los Estados miembros y restaurar la confianza de los ciudadanos en nuestra capacidad para gestionar la migración como Unión. La UE ya ha demostrado en otras áreas que puede tomar medidas extraordinarias para reconciliar perspectivas divergentes. Hemos creado un mercado interior complejo, una moneda común y un plan de recuperación sin precedentes para reconstruir nuestras economías. Ha llegado el momento de afrontar el reto de gestionar la migración de forma conjunta, con el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad», ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, admitiendo al menos que esto pretende restaurar la confianza, no arreglar el problema real de fondo.

La estrategia presentada hoy, que será discutida por el Consejo y el Parlamento Europeo en las próximas semanas, trata de esbozar un «enfoque holístico». Con varias patas. El primer paso sería mejorar y acelerar el proceso de identificación y registro en los puntos de entrada, mediante controles médicos, de seguridad, toma de huellas y registro en la base de datos de Eurodac de todos los que llegan. Por tierra, en embarcaciones o quienes son rescatados. El 1 de enero del próximo año estarán listos para su despliegue los miembros del cuerpo de Guardas de Fronteras y Costas europeos.

Con esa información se pretende agilizar las tomas de decisiones, sobre quién tiene derecho a pedir asilo y quién no. Y la ejecución de las decisiones, porque apenas se materializan por ejemplo un tercio de las expulsiones decretadas, según Frontex. Durante los últimos años la UE ha aportado funcionarios sobre el terreno para complementar la labor de las autoridades nacionales más desbordadas. Pero el sistema no funciona, como quedó muy reflejado en la mera existencia del campo de Moria, en Lesbos, que ardió hace unas semanas. La UE lleva queriendo reformar el Reglamento de Dublín un lustro, para explorar opciones más ambiciosas, pero las normas, ahora mismo, dicen que todo demandante de asilo debe hacer su solicitud allá donde pise territorio europeo por primera vez, aunque si intención sea irse a otro Estado.

Los comisarios Schinas y Johansson han explicado hoy que su estrategia permitirá impedir mejor los movimientos no autorizados hacia países vecinos y facilitar la reubicación de quienes irán, coordinadamente, a otro lugar. Y han apuntado que habrá un Mecanismo Independiente de Monitoreo que asegurará que se respeten los derechos fundamentales. Un instrumento que contará con el asesoramiento y la ayuda de Frontex, la Agencia de Derechos Fundamentales y un nueva Agencia Europea para el Asilo.

Solidaridad flexible

La parte más polémica es, sin embargo, la de la solidaridad. Esta estrategia asume que no habrá cuotas obligatorias para el reparto y la reubicación de quienes llegan a Grecia, Italia o España. Sino que se ofrecerán «opciones flexibles» para que los vecinos que no soportan el impacto directo echen una mano. Podrá ser aceptando voluntariamente la reubicación de los recién llegados. Asumiendo el coste y la responsabilidad de quienes no tienen derecho legal para entrar en la UE (lo que se conoce como migrantes económicos y no refugiados). O bien ofreciendo «apoyo operativo inmediato», «apoyo a largo plazo para construir infraestructuras» o asistiendo durante momentos de grandes flujos migratorios.

Esto es lo que España siempre ha criticado, lamentando la instauración de una «solidaridad a la carta» que deja en manos de quienes están en las fronteras el grueso de la carga. Y que da un triunfo político a quienes no han respetado las reglas estos años. Von der Leyen lo llama «equilibrio razonable entre responsabilidad y solidaridad», asegura que todos «comparten la carga» y afirma que es «realista» y refleja la «complejidad del problema», dejando atrás «soluciones ad hoc», parches, como hasta ahora. Y ha defendido que la UE ha sabido sobreponerse en áreas como en Mercado Interior y la moneda común, repitiendo quizás los mismos errores históricos de la Comisión, que ya en 2015 aplicó a un tema humano y político de enorme sensibilidad la solución clásica de las cuotas. Lo que funciona para peces y para leche, no vale para todo.

Para intentar compensar y contentar a los países con frontera directa o de más llegadas, Bruselas hace dos cosas. Por un lado, prometer que en caso de crisis concretas la solidaridad se forzará y habrá más agilidad y ayuda de los vecinos, incluyendo la acogida de personas. Algo complicado de creer. Esperan que la voluntariedad cambie algo, pero el dinero o los aviones no compensarán el hecho que sí cubrían las cuotas. Esta misma tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá con Von der Leyen para tratar el asunto.

Por otro lado, cuando un Estado miembro esté desbordado tendrá permiso para flexibilizar también el cumplimiento de los procedimientos habituales. Esto es, lo que hizo ya Grecia cuando estimó que estaba por encima de sus recursos. «En situaciones de crisis de tal magnitud que se corra el riesgo de desbordar los sistemas de asilo y migración de los Estados miembros, las dificultades prácticas se reconocerían a través de un margen limitado para derogar temporalmente las condiciones habituales, los procedimientos y plazos, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales y el principio de no devolución», dice el texto.

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