El desempeño de Colombia en materia de Derechos Humanos bajo el gobierno del presidente Iván Duque ha sido inconsistente y presenta serias deficiencias dijo Human Rights Watch (HRW) este miércoles al hace entrega de su informe anual sobe los Derechos Humanos en el mundo correspondiente al año 2020.

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De acuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG, si bien la retórica de Duque es adecuada, esta contrasta con sus acciones y la realidad en los territorios nacionales más golpeados por el crimen y la violencia.

¨El presidente Duque tiene un discurso que en general no es beligerante, y que reconoce la importancia de los derechos humanos y la obligación de proteger a los lideres sociales en los territorios. Sin embargo, en los territorios, en las zonas remotas del país, los esfuerzos se han enfocado principalmente en envío de tropas y, a pesar de los excelentes esfuerzos del Consejero Emilio Archila, la implementación de programas para lograr desarrollo local, fortalecer la justicia y proteger a la población civil han tenido grandes deficiencias¨ dijo Vivanco.

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Según Vivanco, Duque, además suele anunciar nuevos planes en lugar de implementar los ya existentes, como los programas de protección colectiva del decreto 660 o la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que busca desarticular a organizaciones criminales.

La respuesta mayoritariamente militar en los territorios no ha dado resultados…

¨La respuesta mayoritariamente militar en los territorios no ha dado resultados y hemos visto grandes deterioros en la situación de seguridad, que se reflejan en el aumento de masacres y el alto numero de asesinatos de defensores de derechos humanos”, sostuvo el activista durante una rueda de prensa virtual.

En su informe HRW menciona que, durante al año evaluado, la población civil sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo.

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¨En el departamento de Cauca, disidencias de las FARC han cometido graves abusos, como homicidios, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También impusieron sus propias medidas para frenar la propagación del covid-19, incluidos confinamientos, y amenazaron, atacaron y mataron a algunas personas, al parecer por no cumplir con las medidas. El ELN siguió́ cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil¨, dice el reporte.

Así mismo, sostiene que defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios fueron expuestos a actos de violencia constante y amenazas de muerte sin que el gobierno adoptara medias suficientes para protegerlos.

Y cita la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas como otros problemas que se presentaron en el país a lo largo del 2020.

Alias Uriel

Alias Uriel, cabecilla del ELN.

El reto de la independencia judicial

En el capítulo sobre independencia judicial, el informe pone como ejemplo el caso de la Corte Suprema de Justicia y su decisión de ordenar el arresto preventivo del expresidente Álvaro Uribe como parte de una investigación para determinar si ofreció beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones en relación con su presunto rol en el establecimiento de grupos paramilitares.

¨En reacción a la decisión de la corte, el presidente Duque y otros líderes del Centro Democrático hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y socavar la legitimidad de la decisión. Propusieron reformar completamente el sistema judicial y unificar las altas cortes en un único tribunal, una medida que podría socavar gravemente la independencia judicial en el país¨, dice el documento.

(Además: El video que publicó Uribe sobre supuesta persecución a sus hijos).

Sobre el caso de los llamados falsos positivos, el informe afirma que si bien se han presentado 900 condenas contra 1600 uniformados vinculados con estas ejecuciones extrajudiciales, las autoridades no procesaron a altos mandos militares presuntamente vinculados y antes se les concedió ascensos a muchos de ellos.

También menciona que a finales del 2019, la Policía cometió múltiples abusos contra manifestantes que salieron a las calles a protestar. Algo que se repitió en septiembre de este año cuando se presentaron protestas por la muerte del abogado Javier Ordóñez, que supuestamente murió́ a manos de policías.

(Lea aquí: Duro informe de HRW sobre muertes en la cárcel Modelo).

Y trae a colación reportes de prensa según los cuales soldados del Ejército habrían llevado a cabo operaciones de vigilancia ilegal contra periodistas, defensores de derechos humanos y algunos funcionarios públicos.

A su vez, el reporte se refiere a los disturbios en la cárcel la Modelo el 21 de marzo de 2020 y dice que aún no se ha imputado a nadie por la muerte de 24 de sus internos ese día.

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