El presidente de Argentina, Alberto Fernández, puso sobre la mesa esta semana dos propuestas que han levantado polémica en el país. Por un lado, presentó un proyecto de legalización del aborto, siendo la primera vez de los ocho intentos previos que es el propio Ejecutivo el que lidera la iniciativa.

De otro lado, postuló el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, con el que busca recaudar unos 3.000 millones de dólares a través de un “aporte solidario extraordinario”.

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Con el 40,9 por ciento de la población en la pobreza y con una economía que está en recesión desde 2018 con una inflación de más de 40 por ciento anual, el Gobierno argentino espera que la contribución que gravará, por una única vez, a aquellas personas cuyo patrimonio declarado supere los 200 millones de pesos argentinos (2,35 millones de dólares) no solo logre ayudar a enfrentar la crisis por la pandemia, sino que estos recursos sean usados para programas sociales, apoyo a pymes, becas estudiantiles e incluso el 25 por ciento iría a programas de desarrollo de gas natural.

El proyecto, que ya fue avalado por la Cámara de diputados, depende de su sanción en el Senado para ser aprobado, donde se espera que no tenga inconvenientes, ya que Fernández cuenta con un holgado respaldo.

La propuesta del Ejecutivo cayó mal entre la oposición y las principales organizaciones empresariales argentinas, que sostienen que la medida, a pesar de que incide en las personas y no en las empresas, afectaría “gravemente” la producción, el empleo y produciría un “gran desaliento” para invertir en el país.

“Esta es una decisión que obedece más a razones políticas. El Gobierno, quizá, quiere dar la imagen de que va a hacerle pagar la crisis a lo ricos, cuestión ineficaz como propuesta”, le comentó a EL TIEMPO Juan Vicente Sola, analista económico y docente de la Universidad de Buenos Aires.

“Este es un impuesto retroactivo que grava sobre la riqueza ya gravada por otros impuestos, como el de las ganancias y los bienes personales. El otro problema que tiene es que es discriminatorio porque excluye a las empresas y afecta a un sector cuya cabeza está en una persona y no en una sociedad”, agrega Sola.

Una de las principales objeciones de la iniciativa legal es que “descapitaliza a las empresas” y “restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”, como señaló en un comunicado el gremio de empresarios, quienes insisten en que los que impulsaron el proyecto no tuvieron en cuenta el contexto de la crisis sin precedentes que afecta a los inversores y accionistas de las empresas.

Esta es una decisión que obedece más a razones políticas. El Gobierno, quizá, quiere dar la imagen de que va a hacerle pagar la crisis a lo ricos, cuestión ineficaz como propuesta.

“Hablar de que las pymes y de que las empresas se van a ver afectadas es algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque estamos hablando de personas”, explicó Carlos Heller, diputado nacional y quien, junto con Máximo Kirchner (hijo de la expresidenta Cristina Fernández), elaboró el proyecto.

Sin embargo, desde la visión del economista y académico Sola, “las empresas medias son empresas personales que serán repercutidas por este impuesto”. “En el sector agropecuario hay muchas sociedades colectivas que están en cabeza de una persona, por lo que es una gran posibilidad que tengan que liquidar equipos para pagar este impuesto”, dice.

No obstante, Heller insiste en que esto es “falso” y que quienes estarían alcanzados por el aporte son menos de 10.000 personas.

“Casi el 50 por ciento de toda la riqueza personal que se declara está dolarizada, lo que implica que se trata de bienes en el exterior o de activos monetarios en dólares, cosa que no tiene nada que ver con la pequeña industria”, expresó el diputado.

Alberto Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Desde ya, analistas económicos y dirigentes empresariales vaticinan que, con la sanción del proyecto de ley, habrá múltiples demandas judiciales, una imprevisibilidad económica y una “enorme inseguridad jurídica”.

“Esto va a crear una amplia cantidad de litigios contraproducentes en estos momentos, por lo que no creo que, de aprobarse, este impuesto tenga demasiada aplicación”, insistió Sola.

Así, el Ejecutivo, que ha recalcado que esta debería ser la base de una reforma progresista en el sistema argentino, quizá deba reconsiderar concertar un mejor acuerdo con los grupos empresariales que, en buena medida, robustecen el capital y la innovación del país.

Interrupción del embarazo

De otro lado, en esta misma semana el Ejecutivo argentino presentó el proyecto de ley que permite la aplicación de las interrupción legal del embarazo (ILE), una de las grandes promesas de campaña de Fernández y que se había postergado, según expresó el propio presidente, por la crisis sanitaria.

Pese a los ocho intentos previos, liderados por La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que reúne unas 700 organizaciones en el país, solo una vez, en 2018, el proyecto llegó al Parlamento, donde fue aprobado en la Cámara baja, pero rechazado en el Senado.

En un país de mayoría católica, este es un álgido debate que ha convocado a las calles tanto a colectivos proaborto como provida. De hecho, mientras que el proyecto se debatirá en las sesiones extraordinarias del Congreso, que comienzan el 1.º de diciembre, para este 28 de noviembre se tienen estimadas manifestaciones de ambos grupos.

Para la Unidad Provida, que reúne a más de 150 organizaciones, el aborto no es un tema de salud pública y menos durante una pandemia.

Además, insistieron en que el proyecto no suavizó ninguna de las posturas del que se expuso en 2018.

Por su parte, la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, le dijo a EL TIEMPO que “se calcula que hay un mínimo de 370.000 abortos clandestinos por año en Argentina, y desde la recuperación de la democracia (1983) más de 3.000 mujeres han muerto por esta causa”.

“Por esto, la iniciativa lejos de promover el aborto busca regularlo para que las mujeres que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo de forma segura y oportuna, a la vez que buscamos disminuir los embarazos no intencionales”, agregó.

Por esto, la iniciativa lejos de promover el aborto busca regularlo para que las mujeres que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo de forma segura y oportuna.

Entre otros aspectos, el proyecto permite el acceso a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo solo si la mujer o ser gestante sufrió una violación, es menor de 13 años o corre peligro su vida, los únicos supuestos por los que se permite abortar legalmente en la actualidad en Argentina.

La misma Campaña Nacional, que lideró los anteriores proyectos, insiste en que es un error mantener la “objeción de conciencia” de los profesionales de la salud.

“Este ha sido un obstáculo concreto para los casos de aborto no punibles que actualmente son posibles. Nuestras estadísticas demuestran que la objeción de conciencia ha sido uno de los grandes obstáculos para hacer efectiva la ley”, afirmó Silvia Ferreira, coordinadora del Observatorio Nacional de Mujeres Mumalá.

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“Otra diferencia importante tiene que ver con la penalización de la práctica del aborto luego de la semana 14. Es importante incluir un registro de detractores de forma anticipada.

Además, las instituciones no pueden dejar a cargo de las áreas de ginecología a personas que ya expresaron su objeción de conciencia”, agregó Ferreira.

De momento, la iniciativa parece tener los votos en Cámara, pero podría ser nuevamente rechazada por poco en el Senado, tradicionalmente más conservador. No obstante, por esta vez ser una apuesta del Ejecutivo podría detonar en una aprobación histórica.

Stephany Echavarría
Subeditora Internacional
EL TIEMPO​